AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONOMÍA
SOLIDARIA
La Agricultura Familiar es la forma de realizar las actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas, acuícolas y pesqueras que dependen fundamentalmente del trabajo familiar de hombres y mujeres, aporta a la seguridad y soberanía alimentaria, contribuye a la protección de la biodiversidad, provee la mayor oportunidad del trabajo rural, desarrolla conocimientos propios del hacer agrícola y se apoya en fuertes redes familiares y comunitarias.
A pesar del alto grado de concentración de propiedad sobre la tierra, el atraso y abandono del campo, la agricultura familiar representa cerca del 70% de nuestros agricultores y produce el 80% de los alimentos que consumimos. Ella es una oportunidad para dinamizar economías locales y redistribuir más equitativamente la tierra y la riqueza, si se combina con políticas públicas integrales, destinadas a la protección social y al bienestar de las comunidades.
Colombia ha vivido un conflicto armado que nos ha afectado por largas décadas. El logro de la Paz requiere reconstruir el tejido social roto por la violencia, ampliar el bienestar de la población, pagar la deuda histórica que tenemos con el campo, fortalecer la democracia y sus instituciones. Por eso, la agricultura familiar, la Economía Solidaria y las Organizaciones Solidarias son valiosos instrumentos para consolidar la paz, la equidad y la democracia.
La experiencia de personas, comunidades y organizaciones, demuestra que es posible producir, distribuir y consumir con lógicas de cooperación y solidaridad; apoyar un COMERCIO JUSTO otorgando un precio justo al productor, un precio justo al consumidor, un margen justo al distribuidor; Fomentar unas FINANZAS ETICAS controlando la especulación y facilitando el acceso de los más pobres al crédito; estimular un CONSUMO RESPONSABLE entendiendo que nuestras compras benefician o afecta a alguien y/o al ambiente. Se necesita más empresarios responsables y solidarios con la sociedad y el ambiente. Se necesita más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado; La Paz necesita una economía más solidaria.
Según la Organización mundial de la salud (OMS) las personas cuentan con seguridad alimentaria cuando tienen acceso permanente a alimentos con nutrientes aptos para su desarrollo integral, los cuales les permiten tener una vida sana y activa. Para que una persona o comunidad tenga seguridad alimentaria debe cumplir tres elementos esenciales, como son la disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos y uso de los alimentos (OMS, 2018). Esto hace referencia principalmente a la disponibilidad suficiente y consistente de los alimentos, teniendo en cuenta el nivel de producción, el intercambio de productos y el acceso a los mismos.
Sin embargo, bajo este escenario nace una problemática mundial de inseguridad alimentaria, la cual surge entre otros aspectos por la implementación de modelos económicos que no están acorde a las necesidades territoriales. Modelos con insuficientes elementos para atender la creciente sociedad globalizada, el deterioro ambiental que disminuye la fertilidad del suelo y la productividad del mismo, así como catástrofes asociadas al cambio climático, inundaciones, altas temperaturas, y sequías, entre otros. Estos fenómenos económicos, ambientales, políticos y sociales, han venido ampliando las brechas a nivel de los países de Latinoamérica, traducidos en inequidad, acceso limitado a la educación, al trabajo digno, a la vivienda y por su puesto a una alimentación sana, suficiente y nutritiva, en la región (Álvarez y Pérez, 2013).
Los referidos autores destacan como estas brechas afectan de manera continua y permanente la seguridad alimentaria y el estado nutricional de sus habitantes, en correspondencia con las cifras emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) producto del análisis realizado sobre el estado de subnutrición de la región (Landon, 2005).
Colombia ha vivido un conflicto armado que nos ha afectado por largas décadas. El logro de la Paz requiere reconstruir el tejido social roto por la violencia, ampliar el bienestar de la población, pagar la deuda histórica que tenemos con el campo, fortalecer la democracia y sus instituciones. Por eso, la agricultura familiar, la Economía Solidaria y las Organizaciones Solidarias son valiosos instrumentos para consolidar la paz, la equidad y la democracia.
La experiencia de personas, comunidades y organizaciones, demuestra que es posible producir, distribuir y consumir con lógicas de cooperación y solidaridad; apoyar un COMERCIO JUSTO otorgando un precio justo al productor, un precio justo al consumidor, un margen justo al distribuidor; Fomentar unas FINANZAS ETICAS controlando la especulación y facilitando el acceso de los más pobres al crédito; estimular un CONSUMO RESPONSABLE entendiendo que nuestras compras benefician o afecta a alguien y/o al ambiente. Se necesita más empresarios responsables y solidarios con la sociedad y el ambiente. Se necesita más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado; La Paz necesita una economía más solidaria.
Según la Organización mundial de la salud (OMS) las personas cuentan con seguridad alimentaria cuando tienen acceso permanente a alimentos con nutrientes aptos para su desarrollo integral, los cuales les permiten tener una vida sana y activa. Para que una persona o comunidad tenga seguridad alimentaria debe cumplir tres elementos esenciales, como son la disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos y uso de los alimentos (OMS, 2018). Esto hace referencia principalmente a la disponibilidad suficiente y consistente de los alimentos, teniendo en cuenta el nivel de producción, el intercambio de productos y el acceso a los mismos.
Sin embargo, bajo este escenario nace una problemática mundial de inseguridad alimentaria, la cual surge entre otros aspectos por la implementación de modelos económicos que no están acorde a las necesidades territoriales. Modelos con insuficientes elementos para atender la creciente sociedad globalizada, el deterioro ambiental que disminuye la fertilidad del suelo y la productividad del mismo, así como catástrofes asociadas al cambio climático, inundaciones, altas temperaturas, y sequías, entre otros. Estos fenómenos económicos, ambientales, políticos y sociales, han venido ampliando las brechas a nivel de los países de Latinoamérica, traducidos en inequidad, acceso limitado a la educación, al trabajo digno, a la vivienda y por su puesto a una alimentación sana, suficiente y nutritiva, en la región (Álvarez y Pérez, 2013).
Los referidos autores destacan como estas brechas afectan de manera continua y permanente la seguridad alimentaria y el estado nutricional de sus habitantes, en correspondencia con las cifras emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) producto del análisis realizado sobre el estado de subnutrición de la región (Landon, 2005).
En algunos países como Colombia, se han implementado diversos programas, proyectos y legislación para promover la seguridad alimentaria, sin embargo, estas alternativas, resultan aún insuficientes. Por ejemplo, la dieta de los colombianos es desbalanceada según datos arrojados por el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN). El 40,5% de las personas consumieron más del 65% de las calorías provenientes de carbohidratos y el consumo de frutas y verduras es muy bajo (Documento Conpes 113, 2013).
La inseguridad alimentaria en Colombia tiene una mayor prevalencia en los departamentos con más proporción de población en situación de pobreza.
0